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Gobierno local y políticas de seguridad

abril de 2021

Durante las últimas tres décadas, los gobiernos latinoamericanos y el de Argentina, en particular, han llevado a cabo numerosos esfuerzos tendientes a la descentralización de sus administraciones públicas, tanto a nivel federal como estadual. Con mayor o menor éxito, y contando regresiones en sentido contrario, se observa una tendencia sostenida en el tiempo de un mayor papel de los estados subnacionales, provincias y municipios, en la provisión de bienes sociales y servicios públicos.

Este proceso, implicó que los gobiernos locales debieran de asumir áreas que anteriormente se encontraban bajo responsabilidad exclusiva del estado nacional o de las provincias, sin necesariamente contar con una estructura institucional y de recursos (fiscales y humanos) adecuadas para su abordaje. A su vez, este proceso fue acompañado por una creciente exigencia por parte de la ciudadanía de mayores respuestas desde lo local a sus demandas y necesidades. De este modo, los municipios se fueron consolidando como los interlocutores más cercanos del Estado frente a los ciudadanos.

El Municipio de General Pueyrredon (MGP) no fue una excepción y enfrentó este desafío especializando sus capacidades, asumiendo nuevas responsabilidades y adaptando su estructura institucional, especialmente en las últimas dos décadas. Sin embargo, un área cobra especial relevancia por sus particularidades: la seguridad pública y el control de la violencia y el delito. Esto se debe a que los límites legales para su delegación son más estrictos y porque involucra a una de las instituciones con mayor peso en el sistema político provincial, la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA).

Mar del Plata, destino turístico por excelencia, enfrenta aún hoy niveles considerables de violencia, que se expresan en índices elevados de homicidios y violencia[1], situación que se agrava en temporada alta con la llegada masiva de turistas y por la atención pública que suscita la ciudad en los medios de comunicación nacionales. Tradicionalmente, en coyunturas críticas esta problemática fue abordada por una coordinación de acciones (no siempre armónica) entre los funcionarios provinciales y las autoridades distritales de la PPBA, mientras que el gobierno local se veía reducido a un rol consultivo. Pero el desgaste de las sucesivas crisis, el aumento sostenido de los indicadores de violencia y la experiencia de delegación en otras reparticiones (salud y educación principalmente) pusieron en cuestión, tanto en nuestra ciudad como en otros distritos, este sistema de toma de decisiones.

Frente a este modelo centralista, una de las iniciativas que más posibilitó transformaciones dentro del sistema fue la emprendida durante las dos gestiones ministeriales del exjuez León Arslanián (1998/99 y 2004/2007) caracterizadas como “reformistas”. Desde la misma provincia, en este caso el Ministerio de Seguridad, se pretendió redefinir la estructura del sistema de seguridad y de la PPBA de modo de lograr la descentralización espacial y funcional de sus unidades y su mando operacional. Proceso que se acompañó con la creación de incentivos para la participación ciudadana a través de espacios comunitarios (vg.: “foros de seguridad”).

A pesar de que estos lineamientos reformistas fueron en gran parte discontinuados por las sucesivas gestiones ministeriales, observamos que aun así se les permitió a los municipios bonaerenses posicionarse por primera vez con más capacidad de acción dentro del sistema. Por consiguiente, el logro de mayor autonomía –definitivamente parcial y supeditada a la autoridad provincial– se tradujo en la creación de una nueva institucionalidad y agencias, pensando el caso del MGP podemos mencionar las siguientes: centros de análisis de datos sobre el delito, secretarias con funcionarios especializados, planificaciones integrales, centros de formación y, muy especialmente, fuerzas de seguridad locales[2]. Tales dispositivos se acompañaron y demandaron también por la propia comunidad, cuya participación se institucionalizó luego de la reforma.

En consecuencia, la pregunta final sería la siguiente: ¿hasta qué punto el estado provincial está dispuestos renunciar autoridad sobre el gobierno de la seguridad y la administración de las policías frente a los gobiernos locales? Siendo un proceso sinuoso, que conlleva avanzadas repentinas y momentos de estancamiento o regresión, la pregunta sobre la delegación de responsabilidades en el área de la seguridad permanece sin respuesta y está sujeta, por un lado, a la coyuntura política y, por otro, al criterio de las autoridades electas provinciales. La contradicción que alberga dentro de sí puede resolverse en un futuro dotando de más autonomía al nivel local o centralizando aún más las decisiones y el control operativo. Por la propia inercia de los procesos de descentralización en salud, educación y demás servicios públicos los municipios contarían con la experiencia para resolver este desafío, no obstante, la complejidad de la problemática del delito es mayor, por el tipo de organizaciones (criminales) y mercados (ilegales) que operan en las ciudades. Por lo tanto, queda para pensar a futuro la mejor manera de resolver estas tensiones sin resignar control político de las instituciones y participación ciudadana.


[1] Según el “Tercer Informe sobre Delitos y Violencias en la Provincia de Buenos Aires” del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (OPS-PBA) el Departamento Judicial de Mar del Plata –que comprende los partidos de Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón y Mar Chiquita– presentó índices vinculados a la violencia y el delito superiores a la media provincial durante casi todo el periodo 2009-2019, aunque con una tendencia a la baja. Ver: Cabral, P. (Coord.). (2020). Tercer informe sobre delitos y violencias en la Provincia de Buenos Aires (2009-2019). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Informes FaHCE; 6).  Recuperado de https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/167.

[2] En términos concretos, los municipios bonaerenses de más de 70 mil habitantes tuvieron recién en 2014 la posibilidad de adherirse al convenio que creaba las “UPPLs” (Unidades de Policías de Prevención Local), fuerza hibrida que permitía a los municipios contar con una policía propia pero que seguía siendo orgánica y financieramente dependiente de la PPBA.