Skip to main content

Los asentamientos informales, un desafío para la integración urbana.

marzo de 2018

(5.287 C)

El acelerado proceso de urbanización y concentración demográfica en ciudades viene acompañado de la creciente concentración espacial de las actividades económicas más pujantes y dinámicas, y por ello, las perspectivas económicas constituyen el factor más importante en los procesos de migración hacia las ciudades.

Sin embargo, estos sueños de progreso que llevan a millones de latinoamericanos a migrar hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida se ven empañados por el crecimiento de zonas urbanas con altas concentraciones de pobreza e indigencia. Así, un alto porcentaje de quienes migran a las zonas urbanas se ven obligados a vivir en asentamientos informales caracterizados por la falta de infraestructura y la ausencia de servicios básicos.

Esas zonas urbanas precarias, que se denominan “favelas”, “barriadas”, “barrios marginales” “tugurios”, o “villas” según el país, comparten un denominador común: la extendida pobreza e indigencia, y la vulnerabilidad social que expone a sus habitantes a múltiples riesgos y a situaciones de violencia.

En Latinoamérica y el Caribe hay –según datos de ONU-Hábitat- aproximadamente 110,7 millones de personas, es decir 1 de cada 4 latinoamericanos, que viven en estos asentamientos informales, triste realidad que evidencia una mala planificación y administración urbana y, en particular, las deficiencias de las políticas de hábitat y vivienda.

La situación en nuestro país no escapa a las tendencias regionales. Según datos oficiales correspondientes al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina existen 4.228 asentamientos informales distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. En ellos viven 800.000 familias, lo que equivale a unas 3.000.000 de personas.

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, según el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP), existen 1.585 villas y asentamientos precarios de los cuales 1.289 se encuentran en el conurbano y 296 en el interior, abarcando una superficie total de 15.049 hectáreas, y concentrando casi un 38% del total de los asentamientos del país. Se estima, según este relevamiento, que 420.000 familias bonaerenses habitan actualmente en áreas urbanas de este tipo.

Lamentablemente, General Pueyrredon es uno de los municipios con más asentamientos informales en la provincia. Un total de 3.340 familias residen en 51 asentamientos precarios; 2.594 familias viven en 23 villas, mientras que 1.142 familias hacen lo propio en 6 barrios que presentan diversas mixturas y combinaciones entre villas y asentamientos.

En suma, en General Pueyrredon existen 80 barrios precarios que presentan importantes déficits habitacionales y que albergan a 7.076 familias, lo que representa un 5% del total de este tipo de barrios de la provincia. De esta forma, se consolida como el municipio con mayor cantidad de asentamientos informales al interior de la provincia de Buenos Aires, seguido muy atrás por Bahía Blanca y Mercedes, con 16 asentamientos cada uno.

Estos datos demuestran que si bien el derecho a la vivienda digna se encuentra reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y varios de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, su cumplimiento efectivo dista de ser una realidad en General Pueyrredon.

Más de 7 mil familias viven en condiciones precarias, una preocupante realidad que determina no sólo la imposibilidad de acceder a una vivienda adecuada, sino también de garantizar el goce de un nivel de vida digno que les permita el desarrollo de sus proyectos de vida.

Y todo ello, no hace más que demostrar las falencias y la precariedad en la planificación urbana y, en particular, la ausencia de una política integral de vivienda.

La vivienda es sin dudas una de las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad y la calidad de vida de las personas. En este marco, el mejoramiento de las viviendas y las políticas de urbanización e integración de los barrios y asentamientos precarios del municipio contribuirá a reducir la desigualdad social y a mejorar la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.

Más allá de la importancia en términos de equidad, estas políticas presentan importantes ventajas para la ciudad, tanto en el plano social como económico. En el plano social, mejoran la calidad de vida y el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo personal y colectivo. En el plano económico, contribuyen al desarrollo económico local, incorporando una gran esfera económicamente productiva dentro del tejido socioeconómico de la ciudad en general.

Pero debe tenerse en cuenta que para avanzar con éxito en los procesos de urbanización e integración de las villas y asentamientos es necesario contemplar la propia dinámica organizativa de cada barrio, lo que demanda la apertura de espacios de participación de los propios vecinos en la toma de decisiones relativas a todo el proceso.

El desafío en esta materia radica, en definitiva, en planificar e implementar políticas activas para que los asentamientos precarios dejen de ser islas de pobreza, marginalidad y exclusión social, para convertirse en barrios y comunidades social y económicamente vibrantes, y plenamente integrados al tejido social y comunitario de la ciudad.



Para conocer más sobre el tema te invitamos a descargar el siguiente archivo con información complementaria.